Descripción del término jurídico Administración de justicia:
La Administración de justicia en España es una función pública esencial que tienen como objetivo la resolución de conflictos entre las partes, ya sean personas físicas, jurídicas, entidades o el propio Estado. Este deber está encomendado a jueces y magistrados, quienes ejercen la potestad jurisdiccional garantizando la independencia, inamovilidad, responsabilidad y sometimiento exclusivamente al ordenamiento jurídico.
La Administración de justicia se organiza territorial y funcionalmente. Territorialmente se divide en municipios, partidos judiciales, provincias y comunidades autónomas, ascendiendo desde Juzgados de Paz, pasando por Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, hasta tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma. A nivel nacional, se encuentra el Tribunal Supremo como más alto órgano en la jerarquía judicial, sin perjuicio del Tribunal Constitucional, que aunque no forma parte del poder judicial, sí garantiza la supremacía de la Constitución.
Funcionalmente, la Administración de justicia se segmenta en distintas jurisdicciones o órdenes: civil, penal, contencioso-administrativa y social, cada una con sus propios órganos y procedimientos. Estos órdenes atienden a las diferentes materias y conflictos que puedan surgir en la sociedad. Además, el Consejo General del Poder Judicial actúa como órgano de gobierno de los jueces y magistrados y garantiza la independencia judicial frente a los otros poderes del Estado.
Cabe destacar que la Administración de justicia está consagrada en el artículo 117 de la Constitución Española, que establece que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados miembros del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Administración de justicia:
Un ejemplo de la actuación de la Administración de justicia es cuando una empresa interpone una demanda contra otra por incumplimiento de contrato. En este caso, la parte demandante acude al Juzgado de lo Mercantil correspondiente al lugar donde se haya producido la infracción o donde tenga su domicilio la demandada. Aquí entra en juego la jurisdicción civil. El juez, tras oír a ambas partes y practicar las pruebas pertinentes, dictará sentencia resolviendo el conflicto según lo estipulado por la ley.
Otro ejemplo sería un ciudadano que presenta un recurso contencioso-administrativo contra una Administración Pública por entender que un acto administrativo vulnera sus derechos. En esta ocasión, el asunto se dirimirá en la jurisdicción contencioso-administrativa, donde un tribunal especializado valorará la legalidad del acto administrativo impugnado y determinará si se ajusta a los principios y normas jurídicas aplicables.
El papel que desempeña la Administración de justicia en la protección del Estado de derecho y en la garantía de los derechos y libertades fundamentales es crucial. Es el pilar que sustenta la confianza en el sistema legal y el respeto a la ley, asegurando así una convivencia ordenada y pacífica en la sociedad. Por tanto, su correcto funcionamiento y la calidad de su servicio son fundamentales para el mantenimiento de la justicia y la legitimidad democrática.
