Descripción del término jurídico Carga probatoria:
La carga probatoria en el derecho español se refiere a la obligación que tienen las partes en un proceso judicial de aportar las pruebas necesarias para demostrar los hechos en que basan sus pretensiones o defensas. Es un principio básico que incide en cómo se distribuye la responsabilidad de probar entre el demandante y el demandado.
De acuerdo con dicho principio, quien afirma la existencia de un hecho que funda su petición debe probarlo. En la práctica, esto significa que la parte que inicia una acción legal tiene la responsabilidad inicial de aportar pruebas suficientes que respalden su alegato. Si esta parte falla en su obligación probatoria, es muy probable que su pretensión sea desestimada por falta de prueba.
En el orden civil, la carga probatoria sigue siendo fundamental para resolver las controversias. Se regula por el artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la cual establece que corresponde al actor la prueba de los hechos constitutivos de su demanda y al demandado la prueba de los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes.
No obstante, hay situaciones en las que se produce una inversión de la carga probatoria. Esto ocurre en ciertos casos previstos por la ley, como en materia de discriminación o cuando se trata de hechos negativos (que por su naturaleza no se puedan probar), o en ciertos supuestos en los que una de las partes está en una clara desventaja en cuanto a la disponibilidad de la prueba.
Cabe señalar que, el tener la carga probatoria no implica necesariamente que una parte deba probar de forma absoluta y definitiva su alegato; basta con que, por medio de un conjunto de pruebas, se cree un grado de convicción en el juzgador suficiente para inclinar la balanza a su favor, conforme al principio de la sana crítica.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Carga probatoria:
Pongamos, por ejemplo, un caso de responsabilidad contractual. Un consumidor demanda a una empresa de telefonía por incumplimiento de contrato al no haberle proporcionado la calidad de servicio prometida. Aquí, el consumidor (actor) tiene la carga probatoria de demostrar que se ha producido el incumplimiento. Debe aportar evidencias como el contrato firmado, registros de fallas en el servicio y cualquier otra documentación que sustente su reclamación.
Un segundo ejemplo podría ser un caso de despido laboral donde un empleado alega que su despido fue improcedente. El empleado (actor) debe probar que las razones alegadas por el empleador para el despido no tienen fundamento o son falsas. Por otro lado, el empleador (demandado) debe aportar pruebas que justifiquen la legalidad del despido, tales como registros de faltas reiteradas, un historial documentado de bajo rendimiento u otras razones legítimas para el despido según lo marca la legislación laboral.
La comprensión y correcta aplicación de la carga probatoria es esencial en la administración de justicia española, ya que asegura la equidad en el proceso y garantiza que las decisiones judiciales se tomen con base en hechos acreditados y no en suposiciones o alegatos sin fundamento. Se trata, sin duda, de uno de los pilares del derecho procesal que favorece la efectividad y legitimidad del sistema judicial.
