Descripción del término jurídico Constitucionalidad:
La constitucionalidad es un principio jurídico que se refiere a la conformidad que deben tener las leyes, normas, actos jurídicos y administrativos con la Constitución de un país. En España, como en otros sistemas democráticos, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y por lo tanto, todos los actos del poder público, así como las leyes emanadas del Parlamento o de los Parlamentos autonómicos, deben ser consistentes con el texto constitucional.
La revisión de la constitucionalidad en España está fundamentalmente a cargo del Tribunal Constitucional, un órgano judicial independiente que tiene la autoridad para anular o invalidar leyes o actos que se consideren inconstitucionales. Este control puede ser abstracto, es decir, una evaluación directa de una norma sin referencia a un caso concreto, o concreto, a través de cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces y tribunales cuando consideran que una norma aplicable a un proceso en curso podría ser inconstitucional.
La defensa de la constitucionalidad también incluye el derecho a la tutela judicial efectiva, que protege a los ciudadanos ante las posibles arbitrariedades del poder legislativo o ejecutivo, permitiendo acudir al Tribunal Constitucional para interponer recursos como el recurso de amparo, por violación de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución.
Además, la Constitución Española prevé mecanismos para su propia defensa, como son los procedimientos de reforma constitucional, que son especialmente rígidos para garantizar la estabilidad del marco constitucional y evitar que cambios coyunturales puedan alterarlo de forma desmedida.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Constitucionalidad:
Un ejemplo de constitucionalidad se refiere a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que en su artículo 55.2 establece que una vez que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra una ley, las disposiciones, resoluciones o actos dictados en aplicación de la misma y que afecten a derechos fundamentales quedarán automáticamente suspendidos hasta que se resuelva el fondo del asunto. Esto ocurrió con el caso del Estatut de Cataluña de 2006, que tras ser aprobado en referéndum y entrado en vigor, fueron interpuestos varios recursos de inconstitucionalidad por distintos partidos políticos y el Defensor del Pueblo, impugnando numerosos artículos de dicho estatuto.
Otro caso relevante fue el de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida popularmente como «Ley Mordaza», que fue objeto de múltiples críticas y demandas de inconstitucionalidad. Los reclamantes argumentaban que ciertas disposiciones de la ley vulneraban derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión. Aunque la ley fue aplicada, partes de la misma fueron llevadas al Tribunal Constitucional, que tuvo que pronunciarse sobre su adecuación al texto y principios constitucionales.
La tutela de la constitucionalidad es indispensable para la salvaguarda de la democracia y el Estado de Derecho, ya que sin este control, las leyes y actos del poder podrían desbordar los límites impuestos por la Constitución y por ende, lesionar los derechos y libertades de los ciudadanos. Por ello, es crucial no solo una legislación acorde a los estándares constitucionales, sino también un sistema judicial efectivo y capaz de hacer prevalecer la supremacía de la norma fundamental del Estado.
