Descripción del término jurídico Equidad procesal:
La equidad procesal es un principio jurídico que busca la justicia en el proceso más allá de la rigidez de las normas legales. Es una aplicación del derecho que se aparta de la literalidad de la ley con la intención de alcanzar un resultado justo, adaptando la decisión a las circunstancias concretas del caso. Este principio reconoce que la aplicación mecánica de la ley no siempre conlleva a resultados justos, por tanto, permite cierta flexibilidad para que los jueces puedan interpretar la ley y adaptar sus decisiones en búsqueda del espíritu de la justicia.
El principio de equidad procesal en el sistema legal español tiene su fundamento en la propia Constitución Española, que en su artículo 3, indica que la equidad será uno de los complementos del ordenamiento jurídico. Asimismo, en el ámbito procesal, la Ley de Enjuiciamiento Civil admite la equidad como criterio interpretativo y aplicativo en casos donde la ley no regula expresamente una situación concreta, o cuando las circunstancias del caso hacen que la aplicación estricta de la ley resulte injusta.
Además, la equidad procesal se puede manifestar en distintos aspectos del proceso, como en la valoración de la prueba, en las medidas cautelares, en la interpretación de los contratos y en la misma sentencia. Por ejemplo, un juez podría aplicar equidad procesal al ponderar las consecuencias de la aplicación literal de la ley para una de las partes y decidir que es necesario modular esa aplicación para evitar un resultado desproporcionado o injusto.
Hay que tener en cuenta que la equidad procesal no es un cheque en blanco para los jueces para ignorar la ley, sino que es un recurso para interpretarla y aplicarla garantizando la justicia en el proceso. Su uso debe ser justificado y fundamentado en la búsqueda de un sistema jurídico más humano y justo, y siempre respetando los máximos dictados por la legislación y jurisprudencia.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Equidad procesal:
Un caso donde se puede observar la aplicación de la equidad procesal se presentó en un litigio por la indemnización debido a un despido laboral. La ley establecía una cantidad a pagar en base a los años de servicio del empleado. No obstante, el trabajador había tenido una contribución excepcionalmente importante en la empresa que iba más allá de lo normal. En su sentencia, el juez decidió, haciendo uso de la equidad procesal, aumentar la cantidad de la indemnización más allá de lo estrictamente previsto por la ley, argumentando que las circunstancias del caso así lo justificaban. Aquí, la equidad sirvió para reconocer el valor añadido del empleado y procurar un resultado más justo.
En otro ejemplo, se dio un proceso de división de herencia donde la ley prescribía una distribución igualitaria entre los herederos. Sin embargo, uno de ellos había cuidado al progenitor durante una larga enfermedad, sacrificando su tiempo y recursos personales. Ante esta situación, el juez aplicó equidad procesal para otorgar una porción mayor de la herencia a ese heredero, justificando que la equidad debía prevalecer para compensar el mayor esfuerzo y dedicación aportado a la familia, y así alcanzar un reparto más equitativo de la herencia.
La equidad procesal es esencial en la administración de justicia en España, ya que permite adaptar la solución de los conflictos a la realidad y complejidad social, evitando rigideces y posibles injusticias derivadas de una aplicación literal y rígida del derecho. Este principio asegura una justicia más personalizada, que atiende a la diversidad de situaciones y contribuye al mantenimiento del principio de justicia como valor supremo del ordenamiento jurídico.
