Descripción del término jurídico Evidencia:
La evidencia en el sistema jurídico español se refiere a la prueba clara, directa y manifiesta de un hecho o circunstancia pertinente en un proceso judicial. Es aquello que permite al juez o tribunal llegar a una certeza sobre los hechos controvertidos dentro del litigio a través de los medios de prueba admitidos legalmente como el testimonio, los documentos, los peritos, entre otros. La evidencia debe ser aportada por las partes y admitida por el órgano jurisdiccional, y siempre dentro del marco del proceso legal establecido.
Dentro de la legislación española, la valoración de la evidencia se lleva a cabo bajo el principio de la sana crítica, lo que implica que el juez o magistrado debe analizar la evidencia de manera racional y lógica, siempre sujetándose a las reglas del entendimiento humano y sin que existan criterios legalmente predeterminados para dicha valoración. Es primordial que la evidencia sea pertinente, útil y concreta para esclarecer los hechos en disputa y que pueda ser valorada conjuntamente con el resto de las pruebas aportadas al proceso.
La captación de evidencia se encuentra regulada en las leyes procesales, indicando el modo en que debe ser presentada y admitida en el proceso. Debe respetar los derechos fundamentales y las garantías procesales, como el derecho a la intimidad, el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia.
Por otro lado, se debe distinguir entre la evidencia directa, que es aquella que prueba directamente el hecho sin necesidad de inferencia alguna; y la evidencia circunstancial o indirecta, que permite establecer la existencia de un hecho a través de la inferencia lógica a partir de hechos relacionados o derivados del mismo.
En los juicios penales, la carga de la prueba recae en la acusación y la evidencia debe ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. En los procesos civiles, la carga de la prueba puede recaer en cualquiera de las partes en función de lo que aleguen y deberán probar. Además, la calidad y no la cantidad de evidencia es lo que determina su fuerza probatoria.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Evidencia:
Un ejemplo de la aplicación de la evidencia en un contexto judicial puede ser el siguiente: en un juicio penal, se acusa a un individuo de robo con violencia. La acusación aporta como evidencia el testimonio de varios testigos que presenciaron los hechos. Estos testimonios son claros y coherentes acerca de la identidad del acusado y la forma en que se cometió el delito. Además, se presenta evidencia física en forma de objetos robados encontrados en la posesión del acusado y grabaciones de cámaras de seguridad que capturan el momento del delito. Este conjunto de evidencias directas conforma un cuadro probatorio robusto que permite al juez tener una base sólida para emitir un juicio condenatorio, siempre y cuando estas pruebas sean admitidas, relevantes y no contravengan ninguna normativa procesal ni derechos fundamentales.
Otro ejemplo es el uso de la evidencia en un proceso civil, como puede ser un litigio sobre incumplimiento de contrato. Una de las partes alega que ha habido un incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte de la otra. Para probar esto, aporta como evidencia el contrato firmado por ambas partes, correspondencia electrónica que muestra reclamaciones previas sobre el incumplimiento y el informe de un perito que evalúa los daños ocasionados debido a dichas infracciones contractuales. En este caso, la evidencia documental y pericial ayuda a determinar si realmente existió incumplimiento y, en consecuencia, si procede la indemnización reclamada.
El manejo adecuado de la evidencia es crucial en la justicia española, ya que ofrece el sustento necesario para el esclarecimiento de los hechos y la correcta aplicación de la ley. Con ello se garantiza la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos de las partes involucradas y se fortalece la confianza en el sistema judicial.
