Descripción del término jurídico Falta administrativa:
Una falta administrativa es una infracción de las regulaciones administrativas establecidas por el Estado o por las corporaciones locales, es decir, por las autoridades públicas. Se caracterizan por ser desviaciones de menor gravedad respecto de la normativa vigente, que no llegan a constituir delitos, pero que aún así requieren una sanción para garantizar el orden público y el cumplimiento de las reglas de convivencia social.
La potestad sancionadora de la Administración, y por tanto la definición y régimen de las faltas administrativas, vienen delineadas en el artículo 25 de la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público. Las faltas administrativas pueden ser sancionadas con multas, la realización de trabajos en favor de la comunidad o la suspensión temporal de derechos, entre otras consecuencias. Estas sanciones buscan responder a la necesidad de un control administrativo eficaz de las actividades de los ciudadanos y entidades privadas.
La comisión de una falta administrativa, al contrario de lo que sucede en el ámbito penal, no implica una responsabilidad de carácter personal y directo, sino que se rige por el principio de responsabilidad objetiva. Esto significa que se sanciona el mero hecho de la infracción de la norma, sin necesidad de que exista una intencionalidad o culpabilidad específica por parte del infractor.
El procedimiento para sancionar una falta administrativa generalmente se inicia de oficio por la administración competente o por denuncia de particulares. SE sigue un procedimiento administrativo sancionador, en el cual se deben respetar las garantías procesales del presunto responsable, como son el derecho a la presunción de inocencia, la audiencia del interesado, la motivación de la sanción y la proporcionalidad de la misma en relación con la gravedad de la falta cometida.
Las faltas administrativas pueden englobar un amplio abanico de comportamientos, que van desde infracciones en materia de tráfico, urbanismo, medio ambiente y salud pública hasta el incumplimiento de normativas sectoriales específicas. Es importante destacar que, en algunos casos, una conducta inicialmente calificada como falta administrativa podría ser reclasificada como un delito si se dan los elementos típicos de éste, como un mayor grado de lesividad o culpabilidad.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Falta administrativa:
Una falta administrativa común es la conducta de realizar obras en una vivienda sin la previa obtención de la licencia urbanística correspondiente. Supongamos que un vecino decide cerrar su terraza con cristales para crear una nueva estancia en su hogar. Si la normativa urbanística municipal requiere una licencia para este tipo de obras y el vecino no la tiene, estará cometiendo una falta administrativa. La administración local, tras detectar la infracción, puede proceder a la apertura de un expediente sancionador y, tras la tramitación del procedimiento respectivo, imponer una sanción que puede incluir una multa y la obligación de restituir la terraza a su estado original.
Otro ejemplo podría ser el caso de un establecimiento de hostelería que excede el nivel de ruido permitido por la normativa municipal. Esta conducta supone una infracción de la normativa en materia de contaminación acústica, y constituye una falta administrativa. Los vecinos afectados por el ruido pueden presentar denuncias ante la administración local, la cual, si comprobara la veracidad de la infracción, iniciaría un procedimiento sancionador contra el establecimiento responsable, que podría resultar en la imposición de una multa e incluso en medidas adicionales como la suspensión temporal de la licencia de actividad.
El conocimiento y la correcta comprensión de las faltas administrativas son esenciales para el funcionamiento del sistema legal español y para mantener el equilibrio entre el ejercicio de la libertad individual y los intereses colectivos. El régimen sancionador administrativo es una herramienta de control social que permite a la administración pública velar por el cumplimiento de la normativa, asegurando así el bienestar de la ciudadanía y la protección de los derechos comunes.
