Descripción del término jurídico Guarda:
La term «guarda» en el contexto jurídico español se refiere al deber legal y la responsabilidad que tiene una persona de cuidar y proteger a otra, que puede ser menor de edad o incapaz de autogobernarse por razones físicas o psíquicas. La guarda y custodia implica proporcionar albergue, sustento, educación y seguridad, así como la administración de los bienes del tutelado en caso de que sea necesario y esté contemplado legalmente.
Existen diferentes tipos de guarda en el ordenamiento jurídico español. Uno de ellos es la «guarda de hecho», que se produce cuando una persona se hace cargo de un menor o una persona incapaz sin que exista resolución judicial al respecto. Aunque este tipo no confiere una legitimidad legal plena, puede ser reconocido por los tribunales en ciertos casos, siempre y cuando se acredite que la situación beneficia al tutelado.
Por otro lado, tenemos la «guardia legal», que es la establecida por la ley. Esta incluye la patria potestad ejercida por los padres sobre sus hijos menores y la tutela o curatela para las personas que han sido declaradas judicialmente incapacitadas. La patria potestad está regulada por el Código Civil y es un conjunto de derechos y obligaciones de los padres con respecto a los hijos, que tiene como principal objetivo el cuidado y desarrollo integral del menor. La tutela y la curatela son instituciones destinadas a la protección de la persona y los bienes de quienes no pueden gobernar por sí mismos debido a su incapacidad.
Otra modalidad es la «guarda administrativa», que se aplica a menores o incapacitados bajo protección de las instituciones públicas. En este caso, la administración asume el deber de cuidado y protección, y toma decisiones fundamentales sobre la vida del protegido.
El proceso de otorgamiento de la guarda está sujeto a la intervención judicial y debe cumplir con una serie de requisitos legales. Se consideran aspectos importantes como el interés superior del niño, en el caso de menores, o el beneficio del incapaz.
Es fundamental entender que la guarda conlleva tanto derechos como obligaciones para quien la ejerce, buscando siempre el beneficio y bienestar de la persona sujeta a ésta. Asimismo, se encuentra sujeta a supervisión judicial con el fin de proteger al tutelado de posibles abusos o negligencias.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Guarda:
Un ejemplo de la aplicación de la guarda en España es cuando un matrimonio se divorcia y se tiene que decidir sobre la guarda y custodia de los hijos menores. En un caso reciente, el tribunal concedió la guarda y custodia compartida de dos hijos a ambos padres. Aunque originalmente la madre había solicitado la custodia exclusiva alegando una presunta falta de implicación del padre en el cuidado de los menores, el juez determinó que ambos progenitores estaban perfectamente capacitados para atender a los hijos de forma equitativa y alterna. Se evaluaron diversos factores como el vínculo emocional de los niños con cada uno de los padres, las condiciones de vivienda, la proximidad de los domicilios, la capacidad de cada uno para proveer un entorno educativo y afectivo estable, y la posibilidad de mantener un rutina que perturbara lo mínimo posible la vida de los menores.
Otro caso donde se aplica la guarda es en circunstancias en las que una persona es declarada incapaz judicialmente debido a una enfermedad mental. En tal situación, se designa un tutor para que ejerza la guarda y representación legal y se ocupe del cuidado personal y patrimonial del incapaz. Esto queda reflejado en el proceso de tutela, donde el juez, tras un exhaustivo examen y considerando el informe de especialistas junto con la opinión de la familia, elige al tutor que considera más idóneo para salvaguardar los derechos e intereses del incapacitado, garantizando así su protección y bienestar.
La guarda en el sistema jurídico español es una pieza clave para garantizar la protección y asistencia de las personas más vulnerables de la sociedad, como son los menores de edad y los incapaces. Su regulación y aplicación práctica demuestran el compromiso del Estado con el respeto a la dignidad humana y la integridad personal y familiar, y reflejan el fundamento social del derecho que busca siempre el interés superior de la persona sujeta a protección. La evolución de su entendimiento y aplicación práctica continúa respondiendo a los cambios sociales y normativos, asegurando su relevancia y eficacia en la protección de derechos fundamentales.
