Descripción del término jurídico Interés:
En el ámbito jurídico español, el término «interés» puede referirse a diferentes conceptos que son fundamentales para el entendimiento y aplicación de leyes y normativas. Generalmente, hablamos de dos grandes acepciones: por un lado, el interés como la ganancia, beneficio o provecho que se obtiene de una cosa, y por otro lado, el interés como la necesidad o conveniencia en orden al bien común o a un bien particular.
En cuanto a la primera acepción, el interés puede ser entendido como aquella remuneración percibida por el uso del capital ajeno, es decir, el coste que tiene para una persona el disponer del dinero, propiedad o crédito de otra. Así, en el contexto de las obligaciones contractuales, hablamos de los intereses pactados por las partes, como ocurre con los intereses de un préstamo. El interés es también una figura esencial en materia de responsabilidad civil, donde se establecen intereses moratorios o compensatorios como sanción por el incumplimiento de obligaciones o como compensación por daños y perjuicios.
Con respecto a la segunda acepción, se habla de «interés legítimo» o «interés jurídico», que se refiere a la posición de una persona ante una situación jurídica subjetiva que justifica la incoación de un proceso o la interposición de recursos. Esto es, un sujeto debe demostrar una afectación concreta y directa por la situación que se debate para ser considerado interesado en la causa y poder accionar en defensa de sus derechos.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Interés:
Un ejemplo claro de la aplicación de este término en el ámbito civil es el caso de un contrato de préstamo. Imagine que una persona obtiene un préstamo de un banco y que el acuerdo incluye un interés anual del 5%. Aquí, el interés es el costo que el prestatario debe pagar por el beneficio de utilizar el dinero del banco. En el supuesto de que esta persona dejase de cumplir con sus pagos mensuales, el banco puede reclamar intereses de demora, que son superiores a la tasa de interés inicial, como compensación por el retraso en la devolución del capital prestado.
Otro ejemplo se encuentra en el ámbito administrativo, donde un ciudadano presenta un recurso de alzada contra una resolución que afecta a su establecimiento comercial. Para poder recurrir, debe acreditar un interés legítimo, es decir, que la decisión impugnada le afecta directamente. Tal vez la resolución restringe horarios de apertura que impactan negativamente en su negocio, o impone cargas tributarias adicionales. El interés legítimo da pie a que el ciudadano esté facultado para actuar en defensa de sus intereses particulares frente a la Administración.
La prevalencia del término y su multifacetica aplicación demuestran la relevancia del mismo en la protección de derechos individuales y colectivos, la regulación de las transacciones económicas y la aseguración del ordenamiento jurídico en función del correcto despliegue de la justicia en España.