Descripción del término jurídico Ley de enjuiciamiento:
La Ley de Enjuiciamiento es un término jurídico español que se refiere al conjunto de normas que regulan los procedimientos judiciales. Esto incluye, pero no se limita a, normas sobre cómo se deben presentar las demandas, cómo se deben efectuar las notificaciones y emplazamientos, los términos y plazos para realizar diferentes actos procesales, la recogida y valoración de pruebas, las sentencias y los recursos contra estas. Existen diferentes leyes de enjuiciamiento en el ordenamiento jurídico español, como la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que regula los procesos civiles, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), para el ámbito penal.
La LEC regula todo lo relacionado con la tramitación de los procesos judiciales en materia civil, como los juicios sobre reclamaciones de cantidad, divorcios o desahucios. Su finalidad es garantizar que las partes en un proceso judicial intervengan en igualdad de condiciones, con pleno respeto a los derechos y garantías procesales. La ley se preocupa de la correcta formación del proceso, de las partes implicadas en él, establece el marco de actuación del juez y de los abogados y procuradores, y define los mecanismos para ejecutar lo resuelto en una sentencia.
En el ámbito penal, la LECr es la norma que regula cómo se investigan y juzgan los delitos y faltas, la forma en la que se desarrolla el proceso penal en España y también aborda los derechos y las garantías de los acusados y las víctimas. Persigue el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley penal, asegurándose de que el proceso se realice con las debidas garantías para evitar errores judiciales.
La importancia fundamental de tales leyes es que aseguran la aplicación correcta y uniforme de la justicia, definiendo un procedimiento claro y preciso que debe seguirse en cada caso. Son herramientas básicas tanto para los juristas profesionales como para los ciudadanos, pues constituyen la forma en la que se articula el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Ley de enjuiciamiento:
Por ejemplo, en una demanda civil por incumplimiento contractual, las partes deberán seguir lo estipulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El demandante presentará su demanda ante el juzgado competente, respetando los requisitos de forma y fondo que establece la ley. La demanda será admitida a trámite y se procederá a notificar al demandado para que conteste en el plazo legal establecido. Durante el proceso, las partes podrán presentar las pruebas que consideren necesarias, siempre que lo hagan en el momento y forma que la ley prescribe. Finalmente, el juez emitirá una sentencia en función de las pruebas aportadas y argumentos de ambas partes.
Otro caso podría ser un proceso penal en el que alguien es acusado de un delito de robo. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una vez presentada la denuncia o querella y practicadas las diligencias preliminares, el juzgado decidirá si procede la apertura de juicio oral. Si es así, el acusado será informado de los cargos en su contra y del inicio del proceso, garantizándole el derecho a la defensa, representado por un abogado de su elección o uno de oficio si no pudiera permitírselo. La fase de instrucción buscará recopilar todas las pruebas relevantes, y en el juicio oral, dichas pruebas serán presentadas y examinadas en presencia de un juez o un tribunal, antes de llegar a un veredicto.
La coherencia y efectividad de los procedimientos judiciales son esenciales para mantener la confianza en el sistema de justicia. Esto únicamente se logra si los procesos se desarrollan conforme a los marcos establecidos por las Leyes de Enjuiciamiento, que son el eje para una correcta administración de justicia.
