Descripción del término jurídico Licitud:
En el ordenamiento jurídico español, el concepto de licitud se refiere a la conformidad de un acto con el Derecho, es decir, un acto lícito es aquel que se ajusta a las normativas y leyes vigentes. La licitud es un principio fundamental en la práctica del Derecho, ya que un acto lícito será válido desde el punto de vista legal, mientras que un acto ilícito conlleva consecuencias jurídicas, que pueden ser de naturaleza civil, penal, administrativa o de otro tipo, dependiendo del ámbito de la infracción cometida.
El principio de licitud se aplica en todos los campos del Derecho, incluyendo el Derecho civil, penal, administrativo, laboral y fiscal, entre otros. En el contexto del Derecho civil, por ejemplo, la licitud de un contrato implicaría que todas las cláusulas del mismo están dentro de lo que la ley permite y que los actos realizados por las partes son legítimos. En el ámbito penal, un acto conforme a la licitud sería aquel que no constituye delito o falta según el código penal vigente.
Un aspecto importante a considerar es que la licitud no solo se refiere a la conformidad con las leyes positivas, sino también al respeto de los principios generales del Derecho y a la moral social. La jurisprudencia española ha reconocido que la licitud de los actos no se mide exclusivamente en función del texto legal, sino también en base a estos principios y valores compartidos por la sociedad.
En el ámbito del Derecho administrativo, el principio de licitud se extiende al actuar de la Administración Pública, exigiendo legalidad en todas sus actuaciones y decisiones. Las normas administrativas deben estar soportadas por la Ley y las decisiones tomadas por los funcionarios públicos deben ser conforme al Derecho.
La licitud también juega un papel crucial en el campo del Derecho Internacional donde los estados deben actuar de acuerdo a los tratados y convenciones a los que han suscrito, respetando así la legalidad internacional.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Licitud:
Consideremos el siguiente ejemplo: una empresa decide construir un nuevo edificio en una zona donde la normativa urbanística local establece ciertas restricciones de altura. Si la empresa respeta estas restricciones y obtiene las licencias necesarias para la construcción, estaríamos ante un acto de licitud en el ámbito del Derecho administrativo. Por el contrario, si decide exceder la altura permitida sin el consentimiento adecuado, estaría incurriendo en un acto ilícito, lo cual podría conllevar sanciones administrativas e incluso, en ciertos casos, penales.
Otro ejemplo podría ser el caso del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales. En un despacho de abogados que maneja información sensible de sus clientes, el principio de licitud se manifiesta en la adopción de las medidas necesarias para garantizar que el tratamiento de los datos personales se realice de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y en la legislación nacional. Si el despacho se asegura de recabar consentimiento explícito para el uso de dichos datos, y protege adecuadamente la información contra accesos no autorizados, estaría actuando de manera lícita en relación al tratamiento de datos.
La observancia del principio de licitud garantiza que el tejido social se desarrolle dentro de un marco de seguridad jurídica, donde los derechos de las personas y entidades sean respetados y protegidos. La certeza de que los actos y relaciones entre sujetos de derecho se ajustan a la legalidad es esencial para el buen funcionamiento del Estado de Derecho, y fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el propio sistema legal.
