Descripción del término jurídico Penal:
El término «penal» se refiere a todo lo relativo al derecho penal, rama del derecho público que regula la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, la imposición de penas, medidas de seguridad o correcciones como consecuencia. En el ámbito jurídico español, la legislación penal se centra en el Código Penal, que es el conjunto de normas que determinan los delitos, las faltas y las sanciones o medidas aplicables a quienes los cometan.
El derecho penal tiene como principal función la protección de los bienes jurídicos, es decir, aquellos intereses fundamentales para la sociedad y el individuo, como la vida, la libertad, el patrimonio, entre otros. Pretende, por tanto, la prevención general y especial de los delitos, disuadiendo a los potenciales infractores (prevención general) y procurando la reinserción del delincuente en la sociedad (prevención especial).
Este cuerpo normativo establece una serie de principios fundamentales, como el de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine lege), que postula que no puede haber delito ni pena sin una previa ley que lo establezca. También abarca el principio de culpabilidad, que asegura que solo puede ser penado quien haya realizado la conducta delictiva con capacidad de entender y querer el acto cometido.
Dentro del derecho penal es crucial la distinción entre delito y falta. Los delitos se consideran infracciones más graves y conllevan penas más severas, como la prisión. Las faltas, por su parte, son infracciones menores y suelen acarrear sanciones más leves, como multas o trabajos en beneficio de la comunidad. Sin embargo, la última reforma del Código Penal español ha supuesto la eliminación de las faltas, integrando algunas de estas conductas en el ámbito de las infracciones administrativas y otras recategorizándolas como delitos leves.
El proceso penal inicia cuando se tiene conocimiento de un hecho que podría constituir un delito. A partir de ahí se efectúan diversas etapas procesales: investigación, instrucción, y juicio. El Estado, a través del Ministerio Fiscal, ejerce la acción penal en nombre de la sociedad, buscando que aquellas conductas delictivas sean sancionadas conforme a la ley. La defensa del acusado se encarga de proteger sus derechos y asegurar un juicio justo.
El dualismo de la acción penal es otra característica del sistema penal español. Por un lado, existe la acción penal pública, que es ejercida por el Ministerio Fiscal, y por otro, la acción penal privada, en la que el perjudicado por el delito puede tomar la iniciativa en el proceso penal, como ocurre en los delitos de calumnia e injuria.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Penal:
Un ejemplo claro de la aplicación de la legislación penal se halla en los delitos contra la libertad sexual. Un caso supuesto sería el proceso seguido contra una persona acusada de agresión sexual. Tras la denuncia de la víctima, las fuerzas de seguridad del Estado inician una investigación preliminar para recabar pruebas y testimonios. La instrucción del caso se lleva a cabo por un juez, quien determinará si existen indicios suficientes para abrir juicio oral. Si el acusado es hallado culpable, el Código Penal estipula penas que pueden incluir la privación de libertad y otras medidas accesorias. Este tipo de delito atenta directamente contra un bien jurídico fundamental, como es la libertad individual de las personas, y la respuesta penal busca no solo castigar al infractor sino también proteger a la sociedad y asistir a la víctima en su restitución.
Otro ejemplo podrían ser los delitos contra el patrimonio, como el robo o el hurto. En un caso en el que se acuse a alguien de haber cometido un hurto, todos los mecanismos del derecho penal se ponen en marcha para garantizar tanto la protección del derecho de propiedad del individuo afectado como un proceso equitativo para el acusado. Se investigan las circunstancias del hecho, la valoración de los objetos sustraídos y el impacto en la víctima. De ser condenado, se aplican las sanciones correspondientes, que pueden comprender tanto penas de cárcel como otras medidas de reparación.
El estudio y aplicación de este término resulta esencial en la preservación del orden social, ya que a través de la normativa penal se protegen los valores y derechos más significativos para la comunidad, garantizando una convivencia basada en el respeto a la ley y la dignidad humana. La operatividad del derecho penal es un reflejo del grado de cultura jurídica y respeto a los derechos fundamentales que rige en un Estado de Derecho como lo es España.
