Descripción del término jurídico Perención:
La perención es un concepto jurídico propio del proceso civil español que se refiere a la extinción del proceso judicial por la inactividad prolongada de las partes durante un periodo de tiempo establecido por ley. Esta figura legal está regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), concretamente en los artículos 236 y siguientes. La finalidad de la perención es evitar que las causas se eternicen en los tribunales y favorecer la celeridad y la eficacia de la administración de justicia.
Para que se produzca la perención, deben concurrir una serie de requisitos. En primer lugar, es necesario que haya transcurrido un tiempo de inactividad procesal, cuya duración puede variar según la instancia en la que se encuentre el caso. La ley contempla un periodo de tres meses para la primera instancia y de seis meses para las restantes instancias judiciales, sin que las partes o sus procuradores realicen actos procesales que impliquen impulsar el procedimiento. Esta inactividad no debe ser imputable al órgano judicial.
Una vez transcurrido el plazo sin actividad, el juez o tribunal debe declarar la perención de oficio, aunque también puede ser solicitada por cualquiera de las partes. La consecuencia directa de esta declaración es la finalización del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo del asunto, impidiendo que se siga actuando en el mismo proceso.
Sin embargo, la perención no implica un obstáculo para que el demandante pueda iniciar un nuevo proceso sobre el mismo objeto y causa, a menos que concurran circunstancias que lo prohíban, como la prescripción del derecho reclamado.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Perención:
El primer ejemplo práctico de perención se puede encontrar en el caso de una demanda de reclamación de cantidad. Imaginemos que un individuo interpone una demanda contra otra persona con el fin de reclamar una deuda derivada de un contrato. Tras admitirse a trámite la demanda y practicarse algunos actos procesales, ambas partes dejan de realizar acciones que impulsen el proceso. Si desde el último acto procesal relevante han pasado más de tres meses, el juez podría declarar la perención.
En este caso, el demandante vería su proceso finalizado sin resolución sobre el fondo, lo que le obligaría a presentar una nueva demanda si aún quiere reclamar la deuda. No obstante, deberá tener en cuenta que, al presentar una nueva demanda, corre el riesgo de que el derecho a reclamar la deuda pueda haber prescrito.
Un segundo ejemplo se relaciona con el recurso de apelación en segunda instancia. Un apelante presenta un recurso contra una sentencia desfavorable y el tribunal la admite a trámite. Durante los siguientes meses, no se realiza ninguna gestión procesal por parte del apelante y se cumple el plazo de seis meses de inactividad. En esta situación, el tribunal competente para conocer del recurso de apelación puede declarar la perención, lo que trae como resultado la firmeza de la sentencia recurrida, impidiendo con ello la continuación del recurso de apelación.
La importancia de la perención en el sistema jurídico español radica en su contribución a la agilización de la justicia y la eliminación de los procedimientos que se encuentran paralizados, liberando así recursos judiciales para el tratamiento de asuntos que sí están siendo activamente litigados por las partes. Al mismo tiempo, la figura de la perención actúa como un llamado de atención para que las partes y sus representantes legales mantengan la diligencia necesaria a lo largo de todo el proceso judicial.