Descripción del término jurídico Persona:
En el ámbito del derecho español, el término «persona» se refiere a cualquier ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. En este sentido, se puede hablar de personas físicas y personas jurídicas. Las personas físicas son los seres humanos desde su nacimiento hasta su muerte. Las personas jurídicas, por otro lado, son entidades como sociedades, asociaciones y fundaciones, que la ley les reconoce capacidad para actuar en el tráfico jurídico, tener patrimonio propio, contraer deudas, realizar actividades a través de sus representantes y ser sujetos de derechos y obligaciones.
La capacidad jurídica, se entiende como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y comienza desde el momento del nacimiento con vida, aunque en ciertos casos se le otorgan derechos al nasciturus (el no nacido), siempre que nazca con vida. La capacidad de obrar, que es la posibilidad de ejercitar por sí mismo dichos derechos y contraer obligaciones, se adquiere con la mayoría de edad, aunque existen situaciones especiales como la emancipación, que permiten que los menores de edad puedan realizar ciertos actos jurídicos.
Las personas físicas, al adquirir su personalidad jurídica, tienen un conjunto de atributos como el nombre, el domicilio, la nacionalidad y el estado civil, que son esenciales para su identificación e interacción en la sociedad. Además, gozan de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española y en tratados internacionales, como el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad, y a la libertad de expresión, entre otros.
Las personas jurídicas, por su parte, nacen a través de un proceso de constitución en el que se elaboran sus estatutos, y se inscriben en el registro correspondiente, dotándolas de personalidad jurídica. Su capacidad de actuar en el tráfico jurídico está limitada a los fines y actividades para las que fueron creadas. La responsabilidad de las personas jurídicas puede ser tanto civil como penal, según lo establecido en la normativa vigente.
La importancia de la distinción entre persona física y jurídica es notable en el derecho privado, en especial en el ámbito contractual y en la responsabilidad civil, así como en el derecho penal, donde la imputabilidad de delitos cometidos en el ámbito de una entidad puede recaer no solo en el individuo físico sino también en la persona jurídica involucrada.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Persona:
Un ejemplo contextual donde se aprecia la importancia de la figura de la «persona» en el ordenamiento jurídico español es en la firma de un contrato de compra-venta. Imaginemos a un individuo que desea comprar una casa. Para que el contrato sea válido, tanto el comprador como el vendedor deben ser personas capaces de contratar. Supongamos que el comprador es un joven de 17 años. A pesar de tener capacidad jurídica, aún no ha alcanzado la mayoría de edad en España, que se establece en 18 años, por lo que carece de plena capacidad de obrar para realizar este tipo de actos jurídicos. En este caso, se requeriría la intervención de sus padres o tutores legales para dar consentimiento al acto contractual o gestionar su emancipación, permitiendo así al joven actuar con plena capacidad de obrar.
Otro contexto en el que la figura de «persona» es crucial es en la responsabilidad penal de las empresas. Con la reforma del Código Penal español, se introdujo la posibilidad de imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas. Esto significa que si una empresa, a través de las acciones de sus directivos o empleados, comete un delito en beneficio de la entidad, la empresa como tal puede ser sujeta a sanciones y responsabilidades penales. Por ejemplo, si una empresa comete un delito ambiental, no solo se podría perseguir penalmente a los individuos directamente involucrados, sino también a la empresa en su conjunto.
El reconocimiento de las entidades como sujetos con personalidad jurídica y capacidad de ser responsabilizados penalmente subraya la relevancia de entender y diferenciar adecuadamente las distintas clases de «personas» en el marco legal. La conciencia de esta diferenciación es esencial para el buen funcionamiento del sistema jurídico español, y asegura la adecuada aplicación de la justicia tanto en el plano individual como en el colectivo. Las características propias de cada tipo de «persona» y sus respectivas capacidades jurídicas son piedra angular en la estructura del Derecho en España.
