Descripción del término jurídico Presunción de inocencia:
La presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho procesal penal, consagrado en la Constitución Española de 1978 en su artículo 24.2, estableciendo que todas las personas deben ser consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad por sentencia judicial firme. Este principio implica que es la acusación quien tiene la carga de probar la culpabilidad del acusado y no corresponde a este último probar su inocencia.
Dicho principio está íntimamente ligado a otros derechos fundamentales como el derecho a un proceso justo, al honor y a la intimidad personal y familiar. Funciona como una garantía procesal que protege al individuo frente a la posibilidad de un uso arbitrario del poder estatal. Además, este principio tiene una doble dimensión: una interna, la cual opera en el ámbito del proceso penal y protege al acusado frente a los órganos jurisdiccionales; y una externa, que le protege frente a la sociedad, prohibiendo declaraciones de culpabilidad en tanto en cuanto no exista esa sentencia condenatoria firme.
Además, la presunción de inocencia admite excepciones en ciertas medidas cautelares, como la prisión provisional, aunque estas medidas no presuponen la culpabilidad del individuo, sino que se adoptan por motivos procesales, como el riesgo de fuga, la destrucción de pruebas o la repetición de delitos. Estas medidas deben ser proporcionales y no pueden tener una duración indefinida, además de estar sujetas a revisión judicial.
En la aplicación práctica, los jueces deben apartarse de cualquier prejuicio y valorar únicamente las pruebas aportadas en el juicio, de modo que las posibles condenas se basen únicamente en pruebas suficientes y necesarias que establezcan la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Presunción de inocencia:
En 2015 en España, una persona fue acusada de un delito de robo con violencia. Desde el momento de su detención, algunos medios de comunicación comenzaron a publicar artículos donde se le presentaba como culpable del delito, basándose en declaraciones de testigos y supuestas pruebas que aún no habían sido juzgadas. Esto resultó en un juicio público paralelo donde se vulneró el principio de presunción de inocencia. No obstante, durante el juicio penal, las supuestas pruebas se desvanecieron y los testimonios de los testigos resultaron contradictorios. Sin pruebas concluyentes que demostrasen la culpabilidad del acusado, el tribunal resolvió la absolución.
Otro ejemplo se dio cuando un político de alto rango fue imputado por delitos de corrupción. A pesar de que la investigación era preliminar, ciertos sectores le exigieron la dimisión inmediata, presuponiendo su culpabilidad. Sin embargo, la jurisprudencia española es clara en cuanto a que las imputaciones no son una declaración de culpabilidad y que toda persona tiene derecho a ocupar cargos públicos hasta que se dicte una sentencia condenatoria firme. La aplicación adecuada del principio en cuestión garantizó que el político continuara en su cargo hasta que finalmente los tribunales lo exoneraron de las acusaciones por falta de evidencia.
La protección de este principio es esencial para una sociedad que se rige por el Estado de derecho, pues asegura que ninguna persona será tratada como culpable y sufra las consecuencias de ello hasta que su responsabilidad penal sea demostrada de acuerdo con la ley. De esta manera, la presunción de inocencia se erige como uno de los baluartes más importantes del sistema judicial español, asegurando que la libertad y la dignidad de las personas no sean comprometidas por acusaciones infundadas o procesos judiciales indebidos.
