Descripción del término jurídico Público:
La noción de «público» en el ámbito jurídico español puede ser entendida desde diferentes perspectivas, las cuales están intrínsecamente relacionadas con el Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional, así como a veces con el Derecho Penal. Principalmente, este término se refiere a todo lo relacionado con el Estado y sus instituciones, abarcando tanto las entidades, como los servicios y los bienes, que están destinados a satisfacer las necesidades de la colectividad y no intereses particulares.
En este sentido, los bienes «públicos» son aquellos que pertenecen al dominio público y que son de uso común, como pueden ser las playas, parques o calles. De igual manera, ciertos servicios proporcionados por el Estado, como la educación, la sanidad o la seguridad, son considerados «públicos» al ser prestados por el sector público y estar dirigidos al interés general de la sociedad.
El término adquiere especial relevancia en el campo del Derecho Administrativo, donde se establecen distintas categorías de actos «públicos». Los actos administrativos, que son manifestaciones de voluntad, decisión o juicio emitidos por la Administración Pública en el ejercicio de sus funciones, también son considerados como «públicos». La calificación de un acto como «público» lleva implícitas unas cargas de transparencia y sometimiento a unos reglamentos y principios que salvaguardan el interés general, como la legalidad, eficacia, jerarquía normativa, publicidad y prohibición de arbitrariedad.
Otro ejemplo de su uso es en el término «funcionarios públicos», refiriéndose a las personas que desempeñan de forma permanente funciones retribuidas por los organismos públicos, y que están al servicio de los intereses de la comunidad.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Público:
Un ejemplo claro de la aplicación de «público» en el contexto jurídico español se encuentra en las licitaciones para la construcción de infraestructuras. Cuando una administración decide erigir un edificio para uso de los ciudadanos, como puede ser un hospital o un colegio, publica una convocatoria para que diferentes empresas presenten sus propuestas. Todo este proceso es eminentemente «público», dada su transparencia y la regulación a la que está sujeto para asegurar que se elija la opción más ventajosa para la comunidad y no por intereses particulares o de favor.
Otro ejemplo tiene lugar en el plano penal donde se habla de delitos «públicos». Estos delitos, como el asesinato o el robo con violencia, son perseguidos de oficio por las autoridades. En otras palabras, no requieren de una denuncia particular para que el sistema judicial actúe y la fiscalía inicie una investigación. La razón de ser de esta automatización en la persecución se basa en que estos delitos atentan contra el orden y la paz «públicos», y por ende, la reacción del sistema judicial debe ser ágil y decidida para proteger los intereses de la sociedad.
El papel que juega el término «público» en el ámbito jurídico español es fundamental para comprender la organización y funcionamiento del Estado y sus instituciones. Abarca una amplia gama de situaciones y entidades que van desde la prestación de servicios hasta la propiedad de bienes de uso común, y se basa en el principio de que ciertos aspectos de la vida en sociedad deben ser gestionados de manera abierta, transparente y siempre en busca del bien común.
