Descripción del término jurídico Querella:
Una querella es una acción procesal penal a través de la cual una persona, denominada querellante, formula una acusación formal ante los órganos judiciales contra una o más personas a las que atribuye la comisión de un delito. A diferencia de la denuncia, que puede ser presentada por cualquier persona que tenga conocimiento de un posible hecho delictivo sin necesidad de ser la víctima, la querella exige que el querellante tenga un interés legítimo, es decir, que sea directamente afectado por el delito.
La querella se plantea ante el juzgado competente y debe presentarse por escrito, firmada por el querellante o su representante legal, y por un abogado y procurador, que son obligatorios en la jurisdicción penal en España. En el escrito deben constar los datos identificativos del querellante y del querellado, una narración de los hechos que se consideran delictivos, la calificación jurídica que entiende aplicable y la petición de que se practiquen diligencias destinadas a la investigación y comprobación de los hechos.
Esa acción procesal tiene como uno de sus efectos permitir que el querellante se constituya en parte procesal, de modo que puede intervenir activamente en el proceso, aportando pruebas, solicitando diligencias y, en su momento, ejerciendo la acusación particular frente al presunto delincuente ante el tribunal.
En general, la presentación de una querella puede dar lugar a la apertura de diligencias previas o procedimiento penal, siempre y cuando el juez considere que los hechos narrados tienen la apariencia de delito y no concurren causas que justifiquen su rechazo in limine, como la falta de jurisdicción o competencia o el hecho de que los hechos narrados no sean constitutivos de delito.
Es importante destacar que la querella puede ser retirada por el querellante en cualquier momento del proceso antes de que se dicte sentencia firme. Sin embargo, el retiro de la querella no siempre conlleva la conclusión del proceso penal, ya que el Ministerio Fiscal puede continuar con la acción penal si así lo considera oportuno por el interés público.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Querella:
Un ejemplo concreto de querella podría ser el caso en el que un empresario descubre que su socio ha estado apropiándose de fondos de la empresa de manera fraudulenta. El empresario, como afectado por la apropiación indebida, decide interponer una querella contra su socio con la intención de iniciar un proceso penal en su contra. Para ello, reúne todas las pruebas necesarias, como movimientos bancarios irregulares y testimonios de empleados, y se dirige a un abogado especializado en derecho penal. El abogado redacta entonces el escrito de querella, cumpliendo con todos los requisitos formales, lo presenta ante el juzgado de instrucción y se designa a un procurador para que represente al empresario en todas las actuaciones judiciales. A partir de la admisión a trámite de la querella, el empresario se convierte en parte del proceso y puede, además de las acciones del Ministerio Fiscal, proponer pruebas adicionales y solicitar que se citen a nuevos testigos para acreditar la comisión del delito de apropiación indebida por parte de su socio.
En otro ejemplo, supongamos que una mujer ha sido víctima de amenazas graves por parte de su expareja. Después de acudir a la policía para presentar una denuncia, y con el fin de involucrarse más activamente en la persecución del delito, decide interponer una querella contra su agresor por el delito de amenazas graves. Con la ayuda de su abogado, se presenta la querella y se aportan como prueba las comunicaciones electrónicas en las que se produjeron dichas amenazas, y testimonios de personas que fueron testigos de las mismas. A través de la querella, la víctima busca no solo que se sancione al agresor sino también obtener una sentencia que refuerce su protección y eventualmente medidas cautelares de alejamiento.
La existencia de la querella como herramienta jurídica en el sistema penal español es fundamental para garantizar que los ciudadanos puedan desempeñar un rol activo en la defensa de sus intereses jurídicos y en la lucha contra la impunidad. Dicha acción procesal contribuye a una efectiva participación de la sociedad civil en la administración de justicia, permitiendo que las víctimas tengan voz y capacidad de influencia dentro del proceso penal.
