Descripción del término jurídico Querellante:
El término «querellante» se refiere a la persona que presenta una querella, que es una clase de denuncia o acusación que se interpone ante los órganos judiciales competentes. Es importante diferenciar entre la “querella” y la “denuncia”, siendo la primera una herramienta que permite al particular tomar parte activa en el proceso penal como parte acusadora. Así, el querellante no solo comunica un delito a las autoridades para que actúen, sino que también inicia un procedimiento y tiene la opción de participar en diferentes etapas del proceso.
El papel del querellante es relevante en la medida que persigue la acción penal contra el presunto autor o responsables de un delito. A diferencia del simple denunciante, que tan solo pone en conocimiento de las autoridades la comisión de un delito, el querellante se convierte en parte dentro del litigio penal y puede impulsar el proceso, presentar pruebas, interponer recursos, solicitar medidas cautelares y, en general, realizar todas las acciones procesales necesarias a fin de que se haga justicia en el caso concreto.
La figura del querellante está regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y es fundamental en delitos de instancia privada, donde la persecución penal solo puede ejercitarse mediante querella del ofendido o de su representante legal, como ocurre en los casos de injurias o calumnias. En delitos públicos, cualquier ciudadano puede presentar querella, aunque no se haya visto directamente afectado por el delito. Sin embargo, es preciso que el querellante acredite un interés legítimo cuando interviene en procesos por delitos que pueden ser perseguidos de oficio.
Al presentar una querella, el querellante debe cumplir con ciertos requisitos formales y de contenido que la legislación exige, por ejemplo, presentar la descripción del hecho delictivo, la identificación del presunto responsable y las pruebas que funden la acusación. Adicionalmente, debe ratificarse en la querella ante el juez o tribunal competente para que tenga efecto y se proceda con la apertura del proceso penal correspondiente.
En cuanto al papel del querellante durante el proceso penal, este tiene la facultad de ser escuchado en diferentes fases procesales, incluyendo la posibilidad de apelar decisiones que considere perjudiciales para los intereses que representa.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Querellante:
Un ejemplo contextual podría ser el caso de un ciudadano que presenta una querella contra un político por el delito de malversación de fondos públicos. Este ciudadano observa que se han destinado grandes sumas de dinero a proyectos ficticios y decide actuar. Al convertirse en querellante, toma el rol de acusador particular y participa activamente en el proceso. Aporta pruebas como documentos y testimonios que apuntan hacia el manejo indebido de fondos por parte del político y sigue de cerca el caso, asistiendo a las vistas judiciales y colaborando con la Fiscalía, aunque esta última es quien dirige la acusación en representación del interés público.
Otro ejemplo podría verse en la esfera de los delitos contra el honor, como es el caso de la calumnia. Supongamos que una persona es acusada falsamente de haber cometido un delito a través de publicaciones en las redes sociales. La víctima, para restaurar su honor y procurar que el responsable sea castigado, puede presentar una querella. Al hacerlo, se constituye como querellante y busca que se reconozcan las falsedades vertidas en su contra y se sancione al autor de las calumnias. En estos casos, el papel del querellante es indispensable, ya que sin su acción penal el delito no sería perseguido, dado que responde a una denuncia por delitos que dependen de acusación particular.
La importancia de la figura del querellante en la jurisdicción penal española reside en su capacidad para contribuir a la activación del aparato judicial en pos de la tutela de sus intereses particulares y, al mismo tiempo, favorecer la realización de la justicia y el restablecimiento del orden jurídico infringido. Su activa participación puede ser determinante en el resultado del proceso penal, legitimando la intervención ciudadana en la persecución de los delitos y fortaleciendo el sistema judicial al abrir la posibilidad de que particulares involucrados puedan perseguir la reparación de injusticias.
