Descripción del término jurídico Quórum:
Quórum es un término jurídico que se refiere al número mínimo de miembros de un órgano colegiado que deben estar presentes para que sus decisiones sean válidas o para que pueda sesionar válidamente. Esta exigencia de presencia física o representativa asegura la legitimidad de las actividades y decisiones tomadas por el grupo. En el sistema legal español, el concepto de quórum es aplicable en varios ámbitos, incluyendo, pero no limitándose a, el funcionamiento de los órganos legislativos, las juntas de accionistas de las sociedades, reuniones de órganos de gobierno de instituciones y la administración pública.
El quórum puede ser simple o absoluto. El quórum simple se refiere al número mínimo que debe estar presente para que la sesión sea válida, usualmente es más de la mitad de los miembros del órgano. El quórum absoluto, por otro lado, puede implicar una mayoría cualificada superior a la simple, por ejemplo, dos tercios de los miembros.
Este término también toma relevancia en el ámbito de votaciones, ya que para que un acuerdo sea adoptado, no solo es preciso que esté presente el número necesario para constituir el quórum, sino que además, en muchos casos, se requiere que una cantidad específica de votos concuerde con la propuesta.
En las Cortes Generales, por ejemplo, se necesita un quórum de más de la mitad de sus miembros para que las sesiones del Congreso y el Senado sean válidas. En el caso de las votaciones, típicamente se requiere una mayoría simple de votos – es decir, más votos a favor que en contra– para aprobar una propuesta, aunque en determinadas situaciones, como la reforma constitucional, es necesaria una mayoría más amplia.
En las sociedades mercantiles, la existencia de un quórum puede ser crítico para el desarrollo de las juntas generales de accionistas. El quórum necesario para estas reuniones y sus acuerdos se establece en los estatutos de la sociedad y, en su defecto, en la ley. Si no se alcanza el quórum requerido, las decisiones tomadas pueden ser impugnadas por ser consideradas no válidas.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Quórum:
En el contexto de una junta general de accionistas de una gran empresa española, se convocó una reunión extraordinaria para tomar decisiones significativas, como la modificación de los estatutos de la sociedad. Los estatutos requerían un quórum absoluto de dos tercios de las acciones con derecho a voto para poder adoptar dicho tipo de acuerdos. Sin embargo, durante la primera convocatoria, solo se presentó el 60% del total de las acciones, por lo que no se alcanzó el quórum necesario para modificar los estatutos. Según la Ley de Sociedades de Capital, si no se alcanza el quórum en una primera convocatoria, se debe realizar una segunda convocatoria. En este segundo intento, el quórum se reduce y suele requerirse solo la presencia de un tercio de las acciones con derecho a voto. Por suerte, en la segunda convocatoria se presentó el 70% de las acciones, superando el nuevo umbral necesario para constituir un quórum válido y, por ende, las decisiones tomadas en la junta fueron consideradas legítimas y vinculantes.
Otro ejemplo práctico es el quórum en las Cortes Generales, específicamente en el Congreso de los Diputados. Para sesionar y tomar decisiones, se requiere que estén presentes más de la mitad del total de los miembros. Imaginemos que la cámara tiene 350 diputados en total; para alcanzar el quórum necesario para sesionar se necesitaría la presencia de al menos 176 diputados. Si se logra reunir a 190 diputados, se alcanza el quórum y la sesión puede comenzar con normalidad, pudiendo tomarse decisiones que afectarán la gobernanza del país. Las decisiones adoptadas en ausencia de quórum se considerarían inválidas y no serían vinculantes, lo que podría acarrear graves problemas de legitimidad en la toma de decisiones políticas y legislativas.
En definitiva, el concepto de quórum es fundamental en el funcionamiento democrático y la legitimidad de los procesos en el derecho español. Garantiza que las decisiones sean tomadas con una participación mínima necesaria que representa la voluntad de la mayoría o una porción significativa del órgano correspondiente, asegurando así la representatividad y legalidad de las actuaciones de entidades e instituciones públicas y privadas.
