Descripción del término jurídico Supremacía:
La supremacía, en el ámbito jurídico español, se refiere al principio de que ciertas normas tienen una fuerza jurídica superior sobre otras, lo que significa que en caso de conflictos entre normas, las de rango superior prevalecen y deben ser aplicadas. España, como Estado de Derecho, cuenta con un sistema jerárquico de normas donde la Constitución ocupa el lugar más alto, seguida por leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos y otras disposiciones.
Este principio es fundamental, ya que establece un orden que debe seguirse en la creación de normas y su interpretación. Las leyes y reglamentos no pueden contradecir lo establecido en la Constitución española, ya que esta es la expresión de la voluntad soberana y define la estructuración del Estado y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, el Tribunal Constitucional es el guardián de este principio, y está facultado para anular las normas que contravengan la Constitución.
Uno de los aspectos donde se aprecia la supremacía constitucional es en la protección de los derechos fundamentales. Cualquier ley o acto que limite o viole un derecho fundamental garantizado por la Constitución puede ser sometido a un control de constitucionalidad y ser declarado inconstitucional. Además, este principio es aplicable también en las relaciones entre las normas de los diferentes entes territoriales, es decir, que las normas estatales prevalecen sobre las autonómicas y locales en caso de conflicto.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Supremacía:
Un claro ejemplo de la aplicación de este principio se encontró en la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. El Tribunal, tras el recurso presentado por el Partido Popular y algunos Defensores del Pueblo Autonómicos, revisó dicho Estatuto y declaró inconstitucionales varios de sus artículos. Se consideró que algunas de las disposiciones del Estatuto excedían el marco constitucional, ya que intentaban establecer competencias y reconocimientos que solo la Constitución puede garantizar. De esta manera, el Estatuto, a pesar de ser una ley orgánica refrendada por un referéndum, fue subordinado a la Constitución.
Otro ejemplo es la ley de seguridad ciudadana, conocida como la «Ley Mordaza», aprobada en 2015. Su contenido fue cuestionado por varios grupos de la sociedad civil y partidos políticos, argumentando que limitaba derechos fundamentales como la libertad de expresión y de manifestación. Parte de esta ley fue también llevada ante el Tribunal Constitucional, que tiene el deber de verificar si las disposiciones de dicha ley respetan la jerarquía normativa y los derechos fundamentales establecidos por la Constitución.
El mantenimiento y respeto de este principio en la jurisprudencia española asegura la coherencia del sistema jurídico y protege la estructura constitucional y democrática del Estado. Asegura que ninguna ley o norma pueda socavar los principios y los derechos establecidos por la norma suprema que los ciudadanos se han dado a sí mismos. Por ello, este principio no solo estructura la producción normativa, sino que también sirve como un escudo contra posibles abusos legislativos o ejecutivos que atenten contra el texto y espíritu de la Constitución.
