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Suspensión de términos

¿Qué es y qué significa?

Descripción del término jurídico Suspensión de términos:

La suspensión de términos es un concepto jurídico fundamental en el marco procesal español, que se refiere a la interrupción temporal de los plazos establecidos para la realización de determinadas actuaciones judiciales o administrativas. La interrupción puede deberse a varias razones, como pueden ser días inhábiles, fuerza mayor, acuerdos mutuos entre las partes, o disposiciones expresas de la ley.

Los términos judiciales son los plazos o periodos de tiempo que las leyes procesales establecen para que las partes realicen ciertas acciones dentro de un proceso judicial, como presentar documentos, recurrir una decisión, o realizar alegaciones. Estos plazos son esenciales para el adecuado funcionamiento de la justicia, garantizando la celeridad y la seguridad jurídica.

La suspensión de términos puede suceder en varias instancias. Por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé situaciones en las que los plazos se suspenderán, tales como cuando se acuerde una medida de aseguramiento que requiera dicha suspensión o cuando ocurran circunstancias extraordinarias que afecten al buen orden del juicio. La suspensión busca adecuar el proceso judicial a situaciones excepcionales, evitando perjuicios a las partes y asegurando la igualdad de armas y el derecho de defensa.

Es importante recalcar que la suspensión de términos no es una interrupción indefinida; una vez que cesan las causas que la motivaron, los plazos se reanudan. La duración de la suspensión dependerá de cada caso concreto y deberá ser siempre debidamente motivada y, en muchas ocasiones, acordada por el órgano judicial competente.

Asimismo, cabe destacar la figura del «acumulamiento de plazos», que puede confundirse con la suspensión de términos, pero que es distinta. Mientras que la suspensión implica una detención y posterior continuación del plazo original, el acumulamiento significa que, una vez finalizado un plazo suspendido, se añade al término restante un plazo adicional legalmente previsto.

Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Suspensión de términos:

Un ejemplo claro de suspensión de términos se dio durante la crisis sanitaria global provocada por la COVID-19. En marzo de 2020, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma, y una de las medidas adoptadas fue la suspensión de todos los plazos procesales. Esto significó que, desde la entrada en vigor del estado de alarma, los plazos previstos en las leyes procesales para la realización de cualquier actuación procesal quedaron suspendidos, y no se reanudarían hasta que el Gobierno levantara dicha suspensión.

Este tipo de medidas tienen un impacto trascendental en la administración de justicia, ya que afectan a todos los procesos en curso, pero también a los derechos de los ciudadanos involucrados en esos procesos. La decisión de suspender los términos no se tomó a la ligera; respondió a la necesidad de priorizar la salud pública y a la imposibilidad material de cumplir con los plazos en un contexto de confinamiento y restricciones severas.

Otro contexto donde la suspensión de términos es relevante es en el caso de huelgas o paros de personal judicial. Si bien son situaciones menos habituales que una pandemia global, pueden tener un efecto similar en la administración de la justicia. En estos casos, puede acordarse la suspensión de los términos para preservar el derecho de defensa y la igualdad entre las partes, al no poderse realizar actuaciones judiciales de manera normal.

La suspensión de términos es, por tanto, una herramienta jurídica de carácter excepcional que permite adaptar el funcionamiento de la administración de justicia a circunstancias imprevistas o extraordinarias, asegurando la efectividad del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y la tutela judicial efectiva.

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