Descripción del término jurídico Veredicto:
El término veredicto proviene del latín “veredictum”, una palabra compuesta de “verus” que significa verdadero y “dictum” que se traduce como dicho. En el ámbito del derecho español, un veredicto es la decisión final que emite un jurado en un juicio por jurados, el cual está compuesto normalmente por ciudadanos legos en la materia jurídica, es decir, no necesitan ser abogados o expertos en derecho. Este veredicto determina si una persona es culpable o no culpable de los cargos que se le imputan. Esta práctica está contemplada, principalmente, en los procedimientos por delitos graves, como pueden ser los de homicidio o asesinato.
La emisión del veredicto se realiza después de que el jurado ha oído todas las pruebas presentadas y los alegatos de las partes, tanto de la defensa como de la acusación. Se trata de un proceso solemne en el que los miembros del jurado deben deliberar en privado y alcanzar un acuerdo. La ley española exige que para que exista un veredicto condenatorio es necesario que al menos siete de los nueve miembros del jurado estén de acuerdo en la culpabilidad del acusado. Si no se alcanza esta mayoría, el resultado deberá ser un veredicto de no culpabilidad.
Es importante destacar que en el sistema español, el veredicto tiene carácter vinculante pero no es la sentencia. Tras la emisión de un veredicto, el órgano judicial, generalmente la Audiencia Provincial, es quien dicta la sentencia, aplicando el marco legal correspondiente y fijando las penas a imponer si el veredicto es condenatorio, o absolviendo al reo si el veredicto es de no culpabilidad.
El veredicto debe cumplir con ciertas formalidades para ser considerado válido; debe ser claro, concreto y basado exclusivamente en pruebas y hechos probados durante el juicio. Además, debe ser público: tras la deliberación, el jurado vuelve a la sala de vistas y el portavoz del jurado lo lee en voz alta ante todas las partes presentes.
Es relevante señalar que la figura del veredicto como tal no está presente en todos los órdenes jurídicos. En el procedimiento penal español, por ejemplo, la mayoría de las veces se utiliza un sistema de juzgamiento por jueces profesionales, donde no hay lugar para la emisión de un veredicto por un jurado.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Veredicto:
Imaginemos un caso hipotético en el que una persona ha sido acusada de homicidio. Durante el proceso, el jurado escucha atentamente los testimonios, examina las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa, y valora los argumentos de ambas partes. Una vez concluida la fase de juicio oral, el jurado se retira a una sala aparte para deliberar. Tras horas o incluso días de deliberación, llegan a una decisión. Al volver a la sala, el portavoz anuncia que, por la mayoría requerida por la ley, se emite un veredicto de culpabilidad.
Este veredicto significa que, a juicio del jurado, el acusado es responsable del crimen del que se le acusaba. Sin embargo, aún no se ha determinado la pena. Esa será tarea del magistrado, quien dictará la sentencia conforme a las circunstancias del caso y a las disposiciones legales pertinentes.
En un segundo caso, pensemos en un individuo acusado de un delito de robo con violencia. Tras el juicio, el jurado delibera y descubre que existen dudas razonables sobre la participación del acusado en los hechos. Conforme a esta incertidumbre y a falta de pruebas concluyentes, deciden por un veredicto de no culpabilidad. Este veredicto implica que el acusado no será condenado por el delito que se le imputaba, en observancia del principio de presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario.
La función del veredicto en la rechtspraak de España es fundamental en aquellos casos donde se instaure el juicio por jurado, un mecanismo de participación ciudadana en el sistema judicial que refuerza los valores democráticos al permitir que sean los propios ciudadanos, y no solamente jueces profesionales, quienes decidan sobre la culpabilidad o inocencia de las personas en algunos de los delitos más graves. Su existencia garantiza que la población tenga un rol activo en la administración de justicia, contribuyendo así al fortalecimiento de la legalidad y la transparencia en el proceso penal.
