Descripción del término jurídico Viabilidad:
La viabilidad en el ámbito legal español hace referencia a la posibilidad de que un proyecto, plan, operación o acto jurídico tenga éxito o pueda llevarse a cabo de acuerdo con las normas y principios relevantes. Es decir, la viabilidad jurídica evalúa si una determinada acción o decisión es realizable dentro del marco legal vigente y si cumple con todos los requisitos legales necesarios para su ejecución o implementación.
Esta valoración de la viabilidad implica un examen de la legalidad de un proyecto o propuesta y su conformidad con las leyes, reglamentos y directrices nacionales o internacionales aplicables. La viabilidad se considera en múltiples contextos, como el desarrollo urbanístico, la creación de nuevas leyes o regulaciones, los acuerdos contractuales entre partes y la implementación de políticas públicas. Un análisis de viabilidad jurídica incluye la revisión detallada de todas las disposiciones legales pertinentes para asegurar que no existan obstáculos legales que impidan o limiten la realización de la actividad propuesta.
Además, el concepto de viabilidad no solo se circunscribe a la legalidad, sino que también puede incorporar la evaluación de aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, los cuales pueden ser determinantes para la sostenibilidad a largo plazo de un proyecto. En ciertas ocasiones, la viabilidad económica y técnica de un proyecto puede ser factible, pero si la viabilidad jurídica es cuestionable, se podrían presentar riesgos legales y litigios posteriores.
Es de vital importancia que, antes de emprender cualquier acción que tenga alcance jurídico, las entidades privadas y los organismos públicos realicen una correcta evaluación de la viabilidad, para evitar incurrir en infracciones legales y garantizar el cumplimiento de la normativa existente.
Contexto jurídico en el que puede utilizarse el término Viabilidad:
Un ejemplo de la aplicación de la viabilidad en el contexto legal podría ser el desarrollo de un nuevo proyecto inmobiliario. Supongamos que una empresa constructora desea edificar un complejo residencial en un terreno determinado. Antes de la construcción, necesitará llevar a cabo un estudio de viabilidad para asegurarse de que el proyecto cumple con la normativa urbanística, medioambiental y de seguridad aplicable.
Este estudio implicará no solo la revisión de la legislación urbanística para determinar si el uso del suelo es compatible con la edificación propuesta, sino también la consulta de la normativa ambiental vigente para corroborar que el desarrollo no afectará negativamente al medio ambiente o a especies protegidas. La empresa deberá, igualmente, considerar las regulaciones en materia de construcción y seguridad para garantizar que los futuros edificios serán seguros para los habitantes. Si el estudio concluye que el proyecto es viable jurídicamente, la constructora podrá proceder con su planificación y ejecución.
Otro ejemplo de viabilidad se ve en el proceso de creación de una nueva ley o reglamento. El legislativo debe realizar una evaluación exhaustiva para determinar si la propuesta es viable en términos de su conformidad con la Constitución, los tratados internacionales ratificados por España y el resto del ordenamiento jurídico existente. Esto conlleva un análisis riguroso que busca asegurar que la nueva ley o reglamento no entre en conflicto con normas superiores y que posee una redacción clara y aplicable en la práctica. Un fallo en determinar la viabilidad en este contexto puede resultar en la derogación o inaplicabilidad de la norma una vez entre en vigor.
En el derecho español, la viabilidad es un principio básico que asegura el correcto funcionamiento del sistema jurídico y la coherencia entre las distintas normas que lo componen. Sin una adecuada consideración de la viabilidad, las operaciones jurídicas podrían enfrentar serias dificultades durante su implementación, generando incertidumbre legal y afectando la confianza en el sistema de justicia.
